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Aplazan a octubre el juicio al alcalde de Nerja por el vertedero ilegal del municipio
La Fiscalía pide para el regidor y para el resto de los acusados la pena de dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio; así como el pago de una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que hace 7.200 euros.
Europa Press. El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha aplazado el juicio previsto desde este miércoles al alcalde de la localidad malagueña de Nerja, José Alberto Armijo, y a otros acusados en el caso del vertedero supuestamente ilegal existente durante muchos años en dicho municipio. La vista oral se ha fijado nuevamente para octubre.
Según han informado fuentes judiciales, el motivo de la suspensión es que el abogado de uno de los acusados ha renunciado hace una semana a la defensa y el nuevo letrado tiene que conocer la causa. Así, la celebración de las sesiones previstas, unas diez, se ha trasladado a octubre.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), que investigó el caso, acordó en 2020 la apertura de juicio oral contra Armijo, acusado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, una concejala y siete empresarios, aunque uno de ellos ha fallecido. Además, en esta causa están seis empresas.
En este procedimiento se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía “de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas”, lo que provocaría importantes riesgos.
La Fiscalía pide para el regidor y para el resto de los acusados la pena de dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio; así como el pago de una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que hace 7.200 euros. Además solicita que los procesados, junto al Ayuntamiento como responsable subsidiario, abonen en caso de una sentencia condenatoria los gastos de la restauración de la zona.
Según la acusación pública, a principios de 2000, supuestamente, “a iniciativa” de Armijo, “sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental”, el Ayuntamiento concierta de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron asociándose para dicha explotación.
