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La reciente aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024 trae consigo la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos y del Consell Social de les Llengües en la Comunitat Valenciana. Estas entidades, creadas en el pasado por el Gobierno del Botànic, han sido objeto de controversia y críticas por parte del actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien las considera innecesarias y paralizadas.
La Oficina de Derechos Lingüísticos, impulsada en 2017 por la Consejería de Educación, tenía como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana y canalizar las quejas por discriminación lingüística. Sin embargo, su eficacia fue cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Supremo, quienes anularon varios de sus artículos.
Por su parte, el Consell Social de les Llengües, creado en 2018, tenía como finalidad asesorar en el proceso de uso y enseñanza del valenciano, fomentando su uso y extensión. Sin embargo, la falta de actividad de esta entidad ha sido evidente, llegando incluso a la dimisión de uno de sus vocales por la ausencia de reuniones.
Otra medida destacada en la Ley de Acompañamiento es la eliminación de la obligación de estudiar en valenciano en las zonas de predominio lingüístico castellano de la Comunitat Valenciana. Esta modificación de la Ley de Plurilingüismo permitirá suspender el plurilingüismo en el sistema educativo en los municipios donde el valenciano no sea una lengua de uso común.
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha argumentado que no tiene sentido obligar a los niños y jóvenes a estudiar en valenciano en estas zonas donde no se utiliza habitualmente. Aunque el valenciano seguirá siendo una asignatura obligatoria, dejará de ser lengua vehicular en otras asignaturas.
Esta medida ha generado debate entre aquellos que consideran que se está debilitando la presencia del valenciano en la educación y aquellos que defienden la necesidad de adaptar la enseñanza a la realidad lingüística de cada zona.
La supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos y el Consell Social de les Llengües ha generado polémica y posturas encontradas. Por un lado, aquellos que defienden la eliminación de estas entidades argumentan que estaban paralizadas y no cumplían con su función de garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.
Por otro lado, los defensores de estas entidades consideran que su supresión supone un retroceso en la protección y promoción de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana. Advierten que esta medida puede afectar negativamente a la inclusión y a la igualdad de oportunidades lingüísticas.
En cualquier caso, la Ley de Acompañamiento continuará su tramitación y será aprobada en diciembre por Les Corts, donde se espera un intenso debate sobre estas medidas relacionadas con los derechos lingüísticos en la Comunitat Valenciana.