Incendio en Ciudad Juárez deja a cientos de migrantes sin hogar según Instituto Nacional de Migración de México

Seis meses de impunidad

Este miércoles se cumplen seis meses desde el trágico incendio que cobró la vida de 40 migrantes en un centro del Gobierno de México en Ciudad Juárez. A pesar de que otros países consideran este hecho como “un crimen de Estado”, la justicia aún no ha llegado. Activistas denuncian que persiste la impunidad y que no se ha hecho justicia por la tragedia ocurrida en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM). A medio año del incendio, todavía se pueden ver decenas de zapatos quemados de las víctimas en el suelo, recordándonos la tragedia que marcó la frontera.

Indemnizaciones insuficientes

Aunque el Gobierno autorizó indemnizaciones a las familias de las víctimas por 140 millones de pesos (unos 7 millones de euros), activistas y defensores de derechos humanos señalan que no se ha hecho justicia. Ernesto Vasconcello, abogado migratorio que vivió el caso de cerca, expresó que “ninguna indemnización es suficiente” cuando se trata de vidas. Además, cuestionó el hecho de que Francisco Garduño, titular del INM, solo enfrente un cargo judicial. La falta de justicia y la impunidad persistente solo aumentan el sufrimiento de las familias afectadas y de los migrantes que llegan a la frontera en busca de una vida mejor.

Temor y desconfianza

La tragedia del incendio ha dejado secuelas en la comunidad migrante. Rosa Mani, activista de Abara, una organización binacional enfocada en apoyar a los migrantes, lamentó que esta tragedia haya marcado la frontera. Muchos migrantes ahora temen ingresar a los albergues por miedo a sufrir un destino similar. La situación se ha vuelto cada vez peor para aquellos que llegan en la nueva ola migratoria, ya que la desconfianza se ha apoderado de ellos. La falta de justicia y la impunidad persistente solo aumentan el temor y la desconfianza en la comunidad migrante.

Promesas de reparación

El titular de Migración ha prometido una reparación del daño a las víctimas. Sin embargo, ha pedido que se suspenda el proceso penal por el que se le imputa parte de la responsabilidad en la tragedia. Asegura que ya se han depositado los 140 millones de pesos para las familias de los migrantes y que se dará de alta a los lesionados en el Instituto Mexicano del Seguro Social para la reparación total del daño. Sin embargo, la repartición de los recursos se ha vuelto complicada debido a la participación de peritos médicos y cuerpos diplomáticos. Además, tanto México como los diplomáticos de los países de procedencia de los migrantes están complicando la indemnización de las familias, según denuncia el abogado Vasconcello.

En conclusión, a seis meses del incendio en Ciudad Juárez, la justicia aún no ha llegado y persiste la impunidad. Las indemnizaciones ofrecidas por el Gobierno son consideradas insuficientes por activistas y defensores de derechos humanos. La tragedia ha dejado secuelas en la comunidad migrante, aumentando el temor y la desconfianza. A pesar de las promesas de reparación, la repartición de los recursos se ha vuelto complicada y las familias afectadas continúan esperando respuestas. La falta de justicia y la impunidad persistente solo agravan la situación de vulnerabilidad de los migrantes en la frontera.