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El fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, ha sido vinculado a proceso por el delito de tortura en grado de coautoría intelectual. El juez de control determinó que existen elementos suficientes para suponer una planeación del fiscal en el ataque y posterior tortura de la víctima, identificada como Luis Alberto “N”. Carmona enfrentará prisión preventiva como medida cautelar.
La defensa del fiscal Carmona ha argumentado que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene elementos objetivos ni probatorios para demostrar la existencia de tortura y mucho menos que el fiscal morelense la haya ordenado. El abogado Gabriel Regino García ha afirmado que su cliente es víctima de un “secuestro político” y ha cuestionado la falta de pruebas contundentes por parte de la FGR.
Los hechos imputados al fiscal Carmona ocurrieron en abril de este año, luego de la detención de Luis Alberto “N”, quien fue acusado de asesinar a tres jóvenes trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Según la presunta víctima, Carmona ordenó a tres agentes de investigación criminal de la Fiscalía torturarlo hasta que se declarara culpable del asesinato.
El juez de control concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación del caso del fiscal de Morelos. Además, el juez declinó la carpeta de investigación a un juzgado federal, lo que implicará que la próxima audiencia se desarrolle en el penal de El Altiplano, donde Carmona se encuentra recluido.
La vinculación a proceso del fiscal Carmona ha generado diversas reacciones. Por un lado, la defensa ha manifestado su falta de confianza en las instituciones del estado y ha anunciado que recurrirá la decisión del juez. Por otro lado, se espera que los juzgados federales tomen el caso y se pronuncien sobre la situación jurídica del fiscal.
En conclusión, el proceso judicial en el que se encuentra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el presunto delito de tortura, continúa su curso. La vinculación a proceso y la prisión preventiva son medidas cautelares que se han impuesto mientras se lleva a cabo la investigación. La defensa y la FGR han presentado sus argumentos y ahora será responsabilidad de los juzgados federales determinar el futuro del caso.